Los trágicos excesos de protección de la infancia

Los trágicos excesos de protección de la infancia

© Oleg Gekman Fotolia.com

La Asociación de usuarios de administración (Adua) ayuda mutua viene a denunciar el abuso a la carga de la asistencia pública. En 40 departamentos, casi 8.000 trabajadores sociales están ausentes desde el archivo ADELI, que es responsable de controlar sus graduados y obligaciones.



Derivados, falsa escritura pública y miles de trabajadores sociales en delito... en la protección de la infancia! Es el hallazgo de Laurence Brunet-Jacob, miembro de la Asociación de usuarios de administración (Adua) de ayuda mutua. Un manifiesto dirigido a François Holland, con copia de la evidencia, puntos las colocaciones abusivas y maltrato infantil.


Muchas asociaciones están abordando todas las instituciones encargadas de la protección de los niños, los trabajadores sociales de justicia a través de las autoridades locales, etc.. En gran medida implican el sistema judicial.



En nombre de la independencia del poder judicial, "algunos jueces olvidan o violan deliberadamente la ley", observa Laurence Brunet-Jacob. Todas estas asociaciones conscientes de muchos públicos falsificación que emana de los trabajadores sociales y validadas por el juez con pleno conocimiento de los hechos. Cuando las quejas de los padres, se clasifican sin más acción por parte del fiscal... Clase tan fácilmente realizar sin permiso!




Algunos jueces ' improvisar ellos mismos diagnósticos psiquiátricos, despedir o destruir partes cruciales de la carpeta "encuentra Laurence Brunet. Peor aún, cuando la opinión del niño es contrario a las creencias del juez, el magistrado considera manejado. El juez podrá prohibir también la elección de un abogado para el niño y para imponer uno le convenga.




Para estas asociaciones, los jueces de la niñez están mal formados. La escuela nacional de la judicatura proporciona siempre involucrar a personas o a las asociaciones "más prometedor de una ideología conocimiento auténtico" señala a la Sra. Brunet-Jacob.




El combate también la supervisión de trabajadores sociales (trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras). Todos deben estar registrados en el archivo SAM (según un decreto de 1998), cuya finalidad es, entre otras cosas, para verificar las calificaciones de cada uno.


Pero Laurence Brunet-Jackson señaló la ausencia de este fichero, más de 8.000 personas en 40 departamentos. "Una parte de inicio de profesionales que examinó el caso de la pequeña Marina", muerto, bajo los golpes de sus padres.




Agencias regionales de salud (ARS), supervisadas por el Presidente del Consejo general y el prefecto, una pesada responsabilidad. Son ellos quienes son responsables de registrar los graduados y para comprobar el contenido de la formación.




Artículo 223 del código de familia y bienestar estipula que "en cada departamento, el prefecto listas anualmente quienes regularmente ejercen una de las profesiones contempladas en este capítulo, indicando la fecha y la naturaleza de los diplomas, títulos o certificados que en realidad están equipadas con".



Cuando los jueces no apelar a los trabajadores sociales de la administración, atienden a quienes vinieron ' asociaciones a gigantes "donde la contratación se realiza a través de anuncios clasificados. Además, estas asociaciones son regadas en gran parte por los consejos, que se otorga según el número de niños que eran capaces de colocar...




Habló de Philippe Seguin en este caso de "cacería de niños". "Las colocaciones abusivas constituyen una de las principales causas de maltrato institucional" dice Laurence Brunet. A este respecto, señala que las casas están abarrotadas y son tres veces más caras que los internados de excelencia que tendrán que cerrar por la ideología, sin mencionar los internados cortos.




Además de varias asociaciones de reciban pagos opacos, "en dos veces... "caen dentro de nuestro observador. Algunos miembros de estas asociaciones son también psicólogo y por lo tanto juzgan y fiesta. Los conflictos de intereses son evidentes. «El Consejo general paga abogados para quitar y colocar a los niños» la plaga.



Rennes, mediadores familiares, agrupados bajo el nombre de la Unión de asociaciones familiares, también son financiados por el Consejo general. Su formación deja mucho que desear porque lo no hace y ningún grado de defensor del pueblo, según Laurence Brunet-Jacob. "Tenemos un investigador social, cuyo marido es experto para el Tribunal, un juez para niños cuyo marido es un experto, convertirse en educador especializado j." notas. De todos los jóvenes trabajadores sociales está para ayudar pero no entrenados para cuidado de niños o para quién debe quedarse con sus padres. Su número ha duplicado o triplicado incluso en algunos departamentos.



Finalmente la condición de cuidadores es un verdadero refugio fiscal para ser criticar. Su salario puede variar desde 3 000 a 6 €000 en promedio y hasta 8 000 € netos al mes, en los que no pagan impuestos. Esto representa a decenas de miles de casa y número de decenas de millones cada año.




A la vista de los derivados, la ADUA y asociaciones se reunieron en colectivo para la ocasión envió un manifiesto al Presidente de la República, pidiendo a que la sociedad civil y los abogados tienen un control de todas estas estructuras relacionadas con la infancia.




También afirman que se desarrolle un código de buena conducta. El Ministerio de salud, Bertrand Dassé, jefe del archivo SAM, no quiso responder a nosotros por un ' mantenimiento que salió mal celebrada con algunos periodistas.




Según a su colega del Departamento de Badouraly Mahamadaly, ' artículo 433-17 del código penal aparentemente no hizo ningún vínculo directo con el hecho de estar inscritos o no en el archivo SAM: puesto que en efecto, la gente puede ser necesario diploma sin estar registrado en ADELI.» Nada prueba que por lo tanto que ellos usurpan un título.




Este 433-17 del código penal artículo recuerda que "uso, sin derecho, un título que se adjunta a una profesión regulada por la autoridad pública o un diploma oficial o la calidad que se fijan las condiciones exigidas por las autoridades públicas es castigado con un año de prisión y una multa de 15.000 €.




Para Laurence Brunet-Jacob, "esta persona no puede leer el código penal. "Leyendo los debates parlamentarios sobre el archivo SAM entender que los asistentes de los psicólogos y los servicios sociales son en robo de título, Sr. Dassé confirmado nosotros en 09 de octubre de 2013 en su oficina", dice.




Para los trabajadores sociales que están aún no convencidos de la necesidad de ser incluido en este archivo, sólo tendrán que referirse al artículo L411-2 del código de la acción social de las familias que comienza de la siguiente manera: "asistentes de servicios sociales están obligados a registrarse gratuitamente su diploma o certificado de capacidad para ejercer ante el servicio de Estado competente o el organismo designado para este propósito. En caso de cambio de estado de empleo, informarán este servicio o esta organización".



El artículo 222 del código de la familia y asistencia social irá en la misma dirección: ' asistentes, asistentes o auxiliares de servicios sociales están obligados, dentro del mes siguiente a su entrada en servicio para salvar a la graduación de la Prefectura, patente, título o certificado.




En Ille-et-Vilaine, las cosas parecen moverse, hallazgos Laurence Brunet-Jacob. Los gendarmes están comenzando a plantear numerosas quejas de las víctimas infantiles con el abogado. Espero que el sistema funciona...



Pierre Bergerault